En recuerdo de los muertos por medicinas envenenadas de la Caja de Seguro Social y el incendio de la unidad de transporte colectivo en La Cresta. En solidaridad con sus familiares.
La vida es el primer derecho de todo ser humano, requiriendo mínimos que aseguren que este derecho no se transforme en un cotidiano esfuerzo por la simple supervivencia, pues si bien es cierto que poco hacemos sin el primer aliento; ¿qué somos, aún vivos, sin libertad, sin justicia, sin dignidad?
Los últimos acontecimientos en nuestro país, 32 muertos por envenenamiento con medicinas de la CSS y 18 muertos calcinados en un bus de servicio colectivo, reflejan el grado de corrupción, negligencia e incapacidad que cubre a nuestras autoridades y las instituciones que administran, y junto al abstencionismo en la consulta popular del 22 de octubre, no dejan de reflejar la irresponsabilidad con que los ciudadanos elegimos políticas y gobernantes. Reflejan una existencia limitada, insegura, sin justicia ni garantías, sin dignidad.
Todas las muertes han ocurrido en circunstancias perfectamente evitables, si los encargados de gestionar y fiscalizar nuestros servicios públicos ejercieran eficientemente sus puestos, y no siguieran con el tradicional clientelismo y padrinazgo permisivo e indolente.
Lo único accidental en estos hechos, es nacer entre las clases humildes y en mala hora verse obligado a usar los servicios de salud y transporte público.
Tras enormes cantidades de dinero gastadas en propaganda y referéndum, tras reformas fiscales y de la seguridad social que “salvaban” los recursos estatales, vemos como estos ahorros y nuevos ingresos se diluyen de diversas formas en manos de los mismos de siempre, los que han escrito nuestra historia oficial desde el poder, amparados a nivel interno por nuestra calma, silencio y conformismo cómplice. Las prioridades de nuestras autoridades no pueden ser más claras, el que tenga ojos para ver, que vea.
Una comunidad responsable de ciudadanos ya se hubiera movilizado para exigir responsabilidades al más alto nivel, y no sólo medidas de última hora, espectáculos mediáticos, discursos demagógicos y chivos expiatorios entre los rangos inferiores. Un gobierno decente no hubiera esperado presión popular para ejercer los correctivos necesarios. Pero no somos lo uno, ni tenemos lo otro, y ningún pueblo obtiene más de lo que merece y lucha.
¿Cuál es el precio a pagar? 50 vidas, por ahora, madres, niños muertos, trabajadores, estudiantes; familias humildes afectadas, y una sociedad cada vez más vulnerable física y psicológicamente por la indolencia e irresponsabilidad propia y de quienes tienen la obligación de asegurar nuestra vida, honra y bienes como asociados de este Estado.
No podemos seguir de brazos cruzados, callados, frente a este cobarde genocidio disfrazado de accidentes, mientras caen como moscas nuestros semejantes. No podemos seguir en la apatía ciudadana, simplemente contando muertos y esperando el nombre del siguiente, sin exigir a nuestras “autoridades” que den la cara al sol y asuman todas las responsabilidades que tienen, y al sistema de justicia: que investigue y sancione.
Conciencia, organización, objetividad en el análisis, constancia y unidad son herramientas que nadie puede arrebatarnos, es tiempo de despertar.
Si queremos situaciones diferentes, tenemos todos que hacer la diferencia. El ser humano primero.
Cristel De León
Vania Archibold
Octavio Vargas
Joao Quiróz Govea
Eduardo Lamphrey
Ramón H. Benjamín M.
Ciudad de Panamá, 30 de octubre de 2006
